La presidenta Claudia Sheinbaum recordó la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968. Y reiteró que el expresidente Gustavo Díaz Ordaz fue el principal responsable de la represión.
“2 de octubre no se olvida”, expresó durante su conferencia matutina de este viernes en Palacio Nacional, al cumplirse 58 años de los hechos ocurridos en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco.
Sheinbaum calificó la masacre como uno de los episodios más dolorosos de la historia de México y destacó la importancia del movimiento estudiantil de 1968.
La mandataria recordó que, al inicio de su gobierno en 2024, se difundió un posicionamiento oficial sobre la responsabilidad del Estado mexicano.
El documento fue publicado posteriormente en el Diario Oficial de la Federación y señaló directamente a Díaz Ordaz, quien entonces también se desempeñaba como comandante supremo de las Fuerzas Armadas.
“Se reconoce que el principal responsable es el que entonces era comandante de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz”, declaró.
“Nunca más una represión del Estado”
La presidenta también expresó su solidaridad con las víctimas de la represión, los sobrevivientes y sus familias.
La noche del 2 de octubre de 1968, estudiantes se encontraban reunidos en Tlatelolco como parte de un movimiento que exigía libertades políticas y el fin de la represión gubernamental.
La concentración fue intervenida por elementos de las Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad. El ataque dejó un número de víctimas que hasta ahora no ha sido establecido de manera definitiva.
Durante décadas, familiares, sobrevivientes y organizaciones sociales han exigido justicia y el esclarecimiento completo de la operación.
Sheinbaum sostuvo que recordar los hechos también implica asumir el compromiso de impedir que las instituciones públicas sean utilizadas nuevamente para reprimir movimientos sociales.
“Nunca más una represión del Estado a un movimiento social”, afirmó la mandataria al cerrar su pronunciamiento.
El Gobierno federal mantiene el reconocimiento de la responsabilidad estatal y de Díaz Ordaz en la masacre, una demanda sostenida durante años por integrantes del movimiento estudiantil y familiares de las víctimas.
