Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó una pérdida de 23 mil 491 millones de pesos en 2025 debido a la sustracción ilícita de combustibles, cifra que representa un incremento del 14.4 por ciento respecto al año previo. Según el último informe financiero de la paraestatal, esta tendencia ascendente marca un máximo histórico para el actual periodo operativo. A pesar de los esfuerzos de vigilancia, el quebranto por este concepto equivale a la mitad de las pérdidas financieras totales reportadas recientemente por la empresa. Este fenómeno evidencia que el mercado ilícito de hidrocarburos continúa expandiéndose, impactando directamente la sostenibilidad financiera del Estado mexicano.
Huachicol: evolución histórica y crisis de seguridad
El problema del Huachicol ha mostrado una escalada constante desde el año 2021, tras un breve periodo de contención inicial. Mientras que en 2019 las pérdidas se ubicaban en 4 mil 645 millones de pesos, para 2022 la cifra escaló drásticamente a 18 mil 744 millones de pesos. Actualmente, el robo se ejecuta de forma tradicional a través de más de 10 mil 500 tomas clandestinas detectadas en la red de ductos nacional. Ciertamente, analistas y consultoras energéticas señalan que el aumento en el valor de lo robado sugiere posibles complicidades internas y una sofisticación de los grupos delictivos involucrados.
Por otro lado, la falta de resultados contundentes en las investigaciones judiciales ha generado un clima de impunidad en torno al Huachicol. Datos obtenidos vía transparencia revelan que el número de personas sentenciadas por este delito disminuyó significativamente en comparación con administraciones anteriores. Además, las investigaciones sobre el contrabando fiscal de combustibles no han aportado detenciones de alto impacto, lo que permite que el modelo de negocio ilícito siga siendo altamente rentable para las organizaciones criminales.
Desafíos estructurales y rentabilidad ilícita
Expertos en energía explican que el combate se ha concentrado únicamente en la detección operativa de las tomas clandestinas. No obstante, persisten retos estructurales como la insuficiente desarticulación de las redes financieras y la falta de trazabilidad del producto en tiempo real. Debido a que existe una demanda activa en el mercado ilegal, el fenómeno representa un costo creciente que afecta no solo a la petrolera, sino a las finanzas nacionales. Puesto que las pérdidas por robo de combustible merman la recaudación, el impacto se traslada directamente al presupuesto público.
Finalmente, Pemex enfrenta deudas históricamente altas yretos operativos que complican su estabilidad a largo plazo. En conclusión, la sustracción ilegal de hidrocarburos ha dejado de ser un asunto exclusivo de seguridad pública para transformarse en un problema de viabilidad económica estatal. Solo mediante el ataque a la rentabilidad de toda la cadena ilícita se podrá frenar este quebranto financiero. Por esta razón, el fortalecimiento de la vigilancia militarizada debe complementarse con estrategias fiscales y regulatorias mucho más estrictas y transparentes.
