La adquisición de una lujosa residencia en Tepoztlán por parte del senador Gerardo Fernández Noroña ha generado un intenso debate en torno a posibles irregularidades legales y fiscales. En este artículo, abordamos todos los aspectos clave, desde la ubicación y características del inmueble hasta las controversias legales y administrativas que han salido a la luz.
Detalles de la propiedad
La vivienda conocida como "La Casa del Silencio" se sitúa en Achichipique, en las faldas del emblemático Cerro del Tepozteco. Su extensión abarca 1,200 m² de terreno y 259 m² de construcción, con un valor estimado en 12 millones de pesos.
Crecen las dudas sobre la legalidad en la adquisición
Carlos Rojas, asesor jurídico del Comisariado de Bienes Comunales de Tepoztlán, advierte que la transacción podría ser ilegal, ya que la tierra está protegida bajo una resolución presidencial de 1929 que prohíbe la escrituración privada. Igualmente, la residencia se encuentra en una zona ecológica donde no está permitido el uso habitacional.
Ausencia de registro catastral y evasión de impuestos
El presidente municipal de Tepoztlán, Perseo Quiroz, confirmó que la casa de Noroña no figura en el registro catastral ni contribuye con el pago de impuestos. Esto pone en evidencia un desorden administrativo en la región, donde siguen existiendo propiedades sin regulación ni tributación adecuada.
Declaraciones y defensas de Noroña
Ante la controversia, el propio Fernández Noroña aseguró que aún no es el propietario oficial y que el actual dueño sí ha cumplido con el pago del predial. Además, directamente criticó al alcalde, tildándolo de "incompetente".
El futuro legal del predio: comuneros consideran demanda
La comunidad de Tepoztlán está evaluando iniciar una demanda ante el Tribunal Agrario para recuperar la propiedad. Aunque la primera asamblea no logró reunir quórum, han convocado una segunda sesión para el próximo 7 de septiembre.
Conclusión
Este polémico caso resalta la urgencia de fortalecer la transparencia y el respeto a la legalidad en el mercado inmobiliario de zonas protegidas y comunales de México. El seguimiento de este expediente podría marcar un precedente relevante para futuras adquisiciones de terrenos en áreas con restricciones legales y ecológicas.
