En México, el 99.7% de los delitos de violencia sexual no se denuncian o quedan sin castigo, lo que genera una brecha de impunidad alarmante. Ante esta realidad, las Comisiones Unidas de Justicia e Igualdad de Género de la Cámara de Diputados aprobaron un dictamen clave sobre el acoso sexual. Esta reforma establece que el delito se perseguirá de oficio y endurece las penas de prisión. Los legisladores proponen castigos de 3 a 7 años de cárcel y multas que alcanzan los 58 mil 600 pesos. Estos cambios responden a la necesidad de actualizar los artículos 260 y 266 Bis del Código Penal Federal.
El consentimiento como eje central de la ley
La propuesta legislativa coloca el consentimiento como el elemento esencial para tipificar el delito. El presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno Rivera, explicó que la voluntad de la víctima no podrá presumirse bajo ninguna circunstancia. Por lo tanto, el silencio, la pasividad o la falta de resistencia física no implican una aceptación de actos de acoso sexual. Además de las sanciones de prisión, los agresores tendrán la obligación de asistir a talleres de educación especializada. Estas medidas buscan no solo castigar, sino también prevenir la reincidencia mediante la reeducación.
Asimismo, la reforma amplía las conductas sancionadas tanto en el ámbito público como en el privado. Se considera abuso cualquier acto de naturaleza sexual realizado sin consentimiento, incluso si no existe el propósito de llegar a la cópula. En consecuencia, obligar a una persona a observar actos sexuales o ejecutar acciones sobre sí misma también recibirá castigos severos.
Agravantes y protección a grupos vulnerables
El dictamen incorpora nuevas agravantes que incrementan las penas hasta en una tercera parte del tiempo original. Por ejemplo, se sancionará con mayor rigor cuando el acoso sexual ocurra en lugares despoblados o sea cometido por ministros de culto. También se incluyeron supuestos que involucran a personas embarazadas, en estado de indefensión o por motivos de identidad de género. Por su parte, la diputada Anaís Burgos recordó que, en el caso de menores de edad, el consentimiento es jurídicamente irrelevante para proteger su indemnidad.
Finalmente, esta actualización legal forma parte de un proceso de transformación constitucional hacia la igualdad sustantiva. El pleno de la Cámara de Diputados discutirá y probablemente aprobará este dictamen mañana, 18 de febrero, en sesión ordinaria. De esta manera, el Estado mexicano busca fortalecer el sistema penal para garantizar espacios libres de violencia para todas las mujeres y ciudadanos.
