La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que la participación ciudadana en el pasado proceso apenas alcanzó el 13.2 por ciento del padrón electoral. Esta bajísima afluencia de votantes, sumada a graves irregularidades administrativas, provocó que se desperdiciaran 672 millones 130 mil pesos en boletas que terminaron en la basura. De acuerdo con el informe de la Cuenta Pública, el Instituto Nacional Electoral (INE) gestionó la elección judicial con una serie de deficiencias técnicas. Entre ellas destaca la impresión injustificada de millones de papeletas adicionales y la falta de estudios de mercado previos.
Irregularidades en la contratación y sobreproducción
El INE adjudicó directamente la impresión de las boletas a Talleres Gráficos de México sin validar la necesidad real del volumen solicitado. Según los registros de la lista nominal, el organismo requería poco menos de 600 millones de papeletas. No obstante, la institución ordenó producir 2.5 millones de boletas más de las autorizadas originalmente. La ASF detectó que esta decisión ocurrió sin ninguna justificación técnica y que el INE ignoró ofertas más económicas de otros proveedores. Por lo tanto, el gasto total ascendió a 775 millones de pesos, de los cuales la gran mayoría representó un daño al erario.
Además, el informe señala que el gasto se etiquetó de forma irregular en el ejercicio 2024. Los documentos oficiales reportaron la entrega de los insumos el 31 de diciembre de ese año. Sin embargo, la producción real y la entrega física sucedieron hasta mayo de 2025. Debido a estas anomalías, la auditoría ordenó iniciar cuatro procedimientos de responsabilidad administrativa contra los funcionarios involucrados en la organización de la elección judicial.
Impacto de la baja participación y boletas destruidas
Puesto que solo se utilizaron 80 millones de papeletas, el 86.8 por ciento de la producción total tuvo que destruirse conforme a la legislación vigente. Este excedente masivo evidencia la falta de planeación en un proceso que se realizó con prisa y bajo cuestionamientos sobre la inducción del voto. Los “acordeones” detectados durante la jornada electoral también empañaron la legitimidad del ejercicio. En consecuencia, el costo de las boletas desperdiciadas supera con creces el valor de las efectivamente utilizadas por los ciudadanos.
Asimismo, la reducción de casillas y la logística apresurada contribuyeron al desinterés de los electores. La ASF subrayó que el incumplimiento del Reglamento del INE en las adjudicaciones directas fue un factor determinante en el sobrecosto. Por esta razón, los informes técnicos servirán como base para que la Contraloría Interna aplique las sanciones correspondientes. En conclusión, la primera elección judicial masiva en México deja un saldo de opacidad administrativa y una pérdida millonaria de recursos públicos que no cumplieron su propósito democrático.
