Cinco personas fueron detenidas en el Estado de México por su probable participación en una red que suplantaba la identidad de funcionarios públicos para obtener dinero y beneficios laborales.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía mexiquense informaron que entre los detenidos está Luis “N”, exfuncionario del Gobierno de Michoacán.
También fueron detenidos su esposa, Liliana “N”; sus hijos, Luis Samuel “N” y Aimee de Guadalupe “N”, así como Agustín Arturo “N”, identificado como escolta.
Las investigaciones relacionan al grupo con la suplantación de servidores públicos de la Presidencia de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y gobiernos estatales.
Los cinco fueron vinculados a proceso por extorsión el 6 de octubre y quedaron bajo prisión preventiva justificada.
Así contactaban a sus víctimas
De acuerdo con las autoridades, el esquema comenzaba con llamadas o mensajes a los teléfonos personales de políticos, funcionarios y empresarios.
Un integrante se presentaba como secretario particular de un funcionario para generar confianza y obtener información. Después, otra persona asumía la identidad de un personaje de alto nivel.
Los investigados solicitaban dinero para supuestas operaciones políticas, agilizar pagos, gestionar puestos públicos o recomendar la contratación de servicios.
Para reforzar el engaño, utilizaban perfiles telefónicos con fotografías, nombres y logotipos oficiales. También habrían empleado inteligencia artificial para imitar voces de funcionarios y crear conversaciones falsas que enviaban a sus víctimas.
Luis “N” fue tesorero general y secretario de Administración y Finanzas de Michoacán entre 2012 y 2013. Según las indagatorias, aprovechaba las relaciones construidas durante su trayectoria para contactar a posibles víctimas.
El centro de operaciones fue ubicado en una residencia del fraccionamiento La Providencia, en Metepec. Durante un cateo se aseguraron teléfonos, tarjetas SIM y vehículos de alta gama.
Las autoridades identificaron al menos 19 dispositivos móviles vinculados con las comunicaciones investigadas y con números reportados por algunas víctimas.
La vinculación a proceso permite continuar la investigación judicial; no constituye una sentencia condenatoria contra las personas detenidas.
